Gobierno plantea nueva autoridad de juegos de azar con recursos propios y mayor control

El Poder Ejecutivo presentó al Congreso Nacional un proyecto de ley que propone reorganizar la regulación de los juegos de azar en Paraguay mediante la creación de la Dirección Nacional de Juegos de Azar (DINAJZAR). La iniciativa busca sustituir el esquema actual de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) por una institución con autonomía, patrimonio propio y capacidad de administrar sus recursos.

La propuesta ingresó a la Cámara de Senadores el 12 de octubre y fue girada a ocho comisiones durante la sesión extraordinaria del 14 de octubre. El documento, compuesto por 72 artículos, establece un nuevo régimen para las concesiones, autorizaciones, recaudación, fiscalización y sanciones dentro del sector.

Uno de los principales cambios es el modelo de financiamiento del organismo. El proyecto establece que la DINAJZAR podrá destinar a su funcionamiento el 5% de los cánones percibidos por juegos de alcance nacional, casinos e hipódromos. El remanente continuará distribuyéndose entre municipios, gobernaciones, la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Dibén) y el Tesoro Nacional, conforme a los porcentajes previstos en la propuesta.

El texto dispone que los recursos provenientes de juegos departamentales y municipales seguirán siendo percibidos por las autoridades correspondientes, que deberán rendir cuentas mensualmente. Además, fija un plazo de 30 días para transferir los fondos a sus beneficiarios y exige publicar cada mes los montos recaudados y distribuidos.

Nuevas reglas para operadores y plataformas digitales

La reforma también busca fortalecer la supervisión del mercado. La DINAJZAR tendría competencias para regular, registrar y fiscalizar a los operadores, además de aplicar sanciones ante incumplimientos. Su alcance incluiría establecimientos físicos, plataformas digitales y proveedores de sistemas tecnológicos vinculados con los juegos de azar.

Para los juegos de alcance nacional, el proyecto mantiene la licitación pública como mecanismo de concesión. También establece condiciones para incorporar nuevos juegos y limita las autorizaciones provisorias, con el objetivo de evitar que estos permisos se conviertan en mecanismos permanentes de explotación.

En materia de control, la propuesta contempla medidas contra operaciones no autorizadas, incluido el bloqueo de plataformas digitales mediante resoluciones fundamentadas. También incorpora infracciones clasificadas según su gravedad y la posibilidad de inhabilitar a operadores para desarrollar actividades relacionadas con los juegos de azar.

Transparencia y continuidad de las concesiones

El proyecto establece nuevas obligaciones de transparencia, entre ellas la publicación de contratos, adjudicaciones, registros de operadores, cánones y sanciones firmes. La dirección estaría encabezada por un director nacional designado y removido por el Poder Ejecutivo.